La próxima comparencia de Rajoy en el Congreso de los Diputados no va a resolver el deterioro de confianza a la que están sometidas la mayoría de las instituciones públicas. Todo lo contrario. Rajoy llegará al Congreso forzado por el conjunto de la oposición, después de meses de proteger a Bárcenas, con la sospecha de la financiación ilegal del PP asumida como tal por la sociedad y con el escándalo de los sobresueldos y los sobres instalado en el imaginario colectivo.
Si además, la comparecencia y el posterior debate parlamentario derivan en el clásico, y habitual en la política española “y tú más”, la fatiga cívica se va acentuar más, si aún es posible. La resignación no puede ser la respuesta. Tampoco para aquellos sectores del PP de convicciones democráticas profundas.
El déficit de cultura democrática que arrastra el sistema político español es enorme y, en parte, tiene su origen en la Transición. La cultura política de la estabilidad y la gobernabilidad, que eran imprescindibles para garantizar el proceso de consolidación democrática y modernización económica y social hasta hace 20 años, ha mutado en la cultura política de la irresponsabilidad.
Nadie quiere asumir las responsabilidades innatas del ejercicio del poder. Y se pretende además que sean los electores y los jueces quienes resuelvan los dilemas que se derivan de los errores y las malas prácticas políticas.
En unos casos se afirma que, en cualquier caso, serán los ciudadanos quienes, a través de su voto, decidirán si hubo o no un mal comportamiento. En otros casos se queda a la espera que sea los jueces quienes determinan si hubo o no responsabilidad. Y mientras tanto se agota la paciencia del ciudadano, agobiado por una crisis que no tiene una salida fácil ni rápida.
¿Qué hacer entonces? Apostar por la responsabilidad como receta para combatir la desafección y la fatiga. Y eso implica aquello que en las sociedades maduras de nuestro entorno es lo normal: dar un paso hacia atrás, asumiendo las correspondientes responsabilidades, cuando la sospecha del comportamiento irregular o delictivo se expande. Al menos de entrada. Saber conjugar el verbo dimitir es imprescindible.
Son numerosos los ejemplos de países de nuestro entorno en los que, ante hechos quizás anecdóticos, pero que evidenciaban que se mintió o falseo la información que se trasladó a la opinión pública, la ruptura de la confianza que ello implicaba exigía una dimisión. Y al mismo tiempo en las sociedades políticas avanzadas una retirada de la primera línea política ante determinadas imputaciones permite una mejor defensa cuando se es inocente y un retorno a la actividad pública cuando así queda demostrado es posible.
De la misma manera, y como muy bien apuntaba Miquel Roca desde las páginas de La Vanguardia en relación a la exculpación del exministro Blanco, la disculpa y la reparación se imponen cuando la Justicia ha hablado y la inocencia o la un culpabilidad ha quedado demostrada.
España arrastra un déficit democrático muy evidente. Y hoy los desafíos políticos que tiene abiertos, que van desde la regeneración de su vida política hasta la aceptación del derecho a decidir de la sociedad catalana, pasando por la recuperación económica, tan solo puede tener una repuesta que es, fundamentalmente, más democracia y mayor responsabilidad, dos conceptos que intrínsecamente debe ir unidos.
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